Derechos
en familia

En el Derecho de Familia, las medidas de protección se enfocan en garantizar la seguridad y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en situaciones de riesgo. Su objetivo principal es proteger sus derechos y promover un entorno seguro para su desarrollo integral.

Algunas medidas aplicables incluyen el establecimiento de prohibiciones de acercamiento, la determinación de la custodia y cuidado, la implementación de visitas supervisadas y la provisión de asistencia psicosocial. Además, existen programas de reparación en casos de vulneraciones graves. Estas medidas requieren la intervención de profesionales especializados y el respaldo del sistema legal para su efectiva implementación y cumplimiento.

El derecho a demandar compensación económica sólo puede ejercerse en el proceso de divorcio y surge cuando hay una desigualdad económica importante entre los cónyuges. Se busca equilibrar las cargas económicas generadas durante la relación, reconociendo el aporte realizado por uno de ellos en beneficio del otro, ya sea en el cuidado de los hijos o del hogar común. Si se determina la desigualdad y el derecho a compensación, se establecerá una cantidad de dinero o bienes que el otro cónyuge deberá pagar para restablecer el equilibrio económico afectado, brindando oportunidades para el desarrollo personal y económico del que realizó el aporte significativo.

En el caso de las Uniones Civiles, su término se rige por un procedimiento similar al divorcio. Las parejas que han formalizado una AUC pueden optar por dar por finalizada su unión a través del proceso legal correspondiente. Al igual que en el divorcio, se tratan aspectos como la división de bienes y los derechos de los hijos, buscando proteger los intereses de ambas partes involucradas.

Tanto en la separación judicial, el divorcio y el término de un AUC, contar con asesoría legal especializada resulta fundamental para garantizar un proceso adecuado y proteger los derechos de todas las partes involucradas. La orientación legal permitirá establecer acuerdos claros y equitativos, promoviendo una solución amigable en un momento delicado de la vida de la pareja.

Cuando una pareja decide poner fin a su matrimonio, es necesario realizar la liquidación de los bienes adquiridos durante la sociedad conyugal o el régimen de participación en las gananciales. El objetivo es distribuir equitativamente los bienes y deudas acumulados durante la relación. En la sociedad conyugal, se determina la propiedad de cada bien y se divide de forma equitativa entre los cónyuges, ya sea por acuerdo mutuo o por decisión judicial.

En el régimen de participación en las gananciales, se calcula la diferencia entre los patrimonios iniciales y finales de cada cónyuge, y el que obtuvo mayores ganancias compensa al otro para lograr una distribución justa. Durante este proceso, se consideran diversos factores como el valor de los bienes, las deudas y las contribuciones de cada cónyuge, siendo importante contar con asesoría legal especializada para garantizar un procedimiento adecuado y justo.

El testamento es un documento que te permite expresar tus deseos sobre la distribución de tus bienes después de tu fallecimiento y de conformidad a la Ley.

Es importante para asegurar que tus herederos reciban lo que les corresponde según tus preferencias.

Puedes designar herederos, establecer legados específicos y nombrar tutores para tus hijos menores. Para garantizar que sea válido, es recomendable contar con la asesoría de un abogado especializado en derecho sucesorio. Realizar un testamento te da tranquilidad y permite evitar conflictos familiares. Puedes modificarlo en vida y se recomienda revisarlo periódicamente. Es una medida responsable para planificar el futuro de tus bienes y proteger a tus seres queridos.

Es violencia intrafamiliar cualquier forma de maltrato que afecte la vida, integridad física o mental de una persona, y puede involucrar a cónyuges, convivientes, parientes, menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad dependientes del grupo familiar. También constituyen VIF conductas que vulneren la autonomía económica de la mujer y la vulneración patrimonial o económica de la familia y los hijos en el contexto de relaciones afectivas o familiares.

Es una problemática que afecta a toda la comunidad, no solo a los involucrados directamente, y debemos tomar medidas para prevenirla, detectarla y denunciarla. Existen recursos legales y sociales disponibles para apoyar a las víctimas y promover relaciones familiares basadas en la responsabilidad, el respeto y la igualdad. Como comunidad, debemos unirnos para erradicar la violencia intrafamiliar y construir un entorno seguro y saludable mediante el fomento del respeto, la igualdad y la empatía.

Las acciones de filiación son procedimientos legales para establecer o impugnar la relación de filiación entre una persona y sus padres. Su objetivo es reconocer y proteger el vínculo familiar, asegurando los derechos y deberes de los hijos y progenitores involucrados. Existen diferentes tipos de acciones, como la filiación materna, que establece la relación entre madre e hijo/a, la filiación paterna, que reconoce al padre legalmente, y la impugnación de filiación, que cuestiona la relación existente. Estas acciones se basan en pruebas biológicas y testimoniales, y una vez establecida la filiación, se reconocen los derechos y obligaciones correspondientes. Las acciones de filiación son fundamentales para fortalecer las relaciones familiares y garantizar el bienestar de todos los involucrados.

En Chile, los menores de 18 años que deseen viajar fuera del país deben obtener una autorización notarial de sus progenitores. Esta medida tiene como objetivo garantizar la seguridad y protección de los niños y niñas, así como prevenir situaciones de sustracción o retención ilícita.

En casos donde no sea posible obtener la autorización del otro progenitor, el juez de familia puede suplir la voluntad y otorgar la autorización de viaje. El juez evaluará los antecedentes y considerará el interés superior del menor antes de tomar una decisión. Esta autorización también es necesaria en casos de radicación.

También, existen autorizaciones que permiten a los niños salir del territorio nacional por hasta 15 días en el plazo de 2 años desde que se concede por el tribunal. Para ello se deben cumplir determinados requisitos.

Es importante tener en cuenta que estas medidas tienen como finalidad proteger los derechos y la seguridad de los niños y niñas, evitando posibles conflictos y asegurando su bienestar durante los viajes internacionales. El cumplimiento de estas disposiciones legales contribuye a mantener un entorno seguro y resguardar los intereses de los menores involucrados.